La novela recientemente publicada “El Presidente ha desaparecido”, cuyo coautor es Bill Clinton, seguramente no pasará a la historia de la literatura, pero es una obra entretenida sobre un formidable ciberataque. En una de sus escenas, el presidente norteamericano proponía en un emocionado discurso, entre otras medidas urgentes, ¡volver a votar con papeletas de papel…! Sentido de la oportunidad no les falta a los autores del libro, cuando hemos leído este verano diversas noticias sobre este asunto. Una la ha provocado un tal Flash Gordon, si, así como suena, que consiguió el acceso a un servidor desprotegido que contenía información personal de 14 millones de votantes del estado de Texas. El año pasado se expusieron más de 198 millones de datos de votantes en Estados Unidos por una brecha en una empresa de análisis electoral. Unos ataques que consiguen datos personales como nombres, direcciones, teléfonos, perfil de voto u opiniones personales. Unos niños consiguieron hace pocas semanas, en un encuentro informático infantil en Las Vegas, replicar la web oficial electoral del estado de Florida. Un crío de 11 años lo consiguió en 10 minutos y una niña con la misma edad lo logró en 15. También el pasado mayo se realizó un ataque, desde Ucrania, al portal electoral del estado de Tennessee. Un senador estadounidense ha declarado que los rusos pudieron entrar en los sistemas de varios condados en los que tienen “libertad para moverse”, y que “la amenaza es real”, y por eso toda la información sobre este asunto es clasificada. Parece que los piratas informáticos atacaron al menos 21 estados antes de las elecciones de 2016 y accedieron al menos al registro de votantes de Illinois.
Pero ampliando el foco de este asunto de tecnología y política, recordemos la ya famosa batalla entre Uber y el alcalde de Nueva York De Blasio, con esa empresa movilizando millones de personas en cuestión de segundos, pidiéndoles que enviasen correos electrónicos a través de un sencillo enlace, “email ahora”, para forzar una rendición del poderoso político que finalmente lograron. O soluciones tecnológicas como “Microsoft Account Guard”, diseñada para proteger a los procesos democráticos de ciberataques, junto con el “Defending Democracy Program” de esta compañía que ofrece filtrar noticias de portales online. También Cisco, con su “Freedom as a service” para sustituir las identidades administrativas asignadas por el gobierno por unas digitales en blockchain, para actos tan variados como votar o la compra del súper. Algo parecido a la idea de Santiago Siri, un desarrollador de videojuegos residente en Manhattan, (nada que ver con el famoso asistente virtual), que ha lanzado Democracy.Earth, una empresa que propone una “criptomoneda política” que permita a los electores cambiar tokens por votos en redes sociales, para elegir cargos públicos o votar en la comunidad de vecinos. Su objetivo es “purificar” la democracia y eliminar la necesidad de los gobiernos, porque permitiría votar sobre cualquier asunto cuando se quiera, sólo con iniciar sesión en su plataforma. Aunque parece que se le ha olvidado informar sobre quién organizaría las votaciones y ejecutaría las decisiones si el gobierno desaparece.
Es obvio que los estados nación no llegan en las mejores condiciones a este siglo XXI tan intensamente digitalizado, y que vivimos en una sociedad que necesita de la gestión empresarial del dato para su funcionamiento, pero eso no significa que se tenga que aceptar toda propuesta tecnológica simplemente por el argumento de su novedad. Como escribió Antonio Machado, sabemos que un vaso sirve para beber, ¿pero sabemos para qué sirve la sed? Entre otras razones, las grandes empresas tecnológicas, además de mostrarse alérgicas a los impuestos, saben aprovechar muy bien su papel de mediadores inevitables en esa tendencia general obsesionada con “alejar” a los ciudadanos de las instituciones, a pesar de su inseguridad en su sentido más amplio y no sólo informático. Por unos segundos aparquemos asuntos por desgracia habituales como el problema del derecho al olvido, que ahora Google de nuevo litiga en el tribunal europeo de justicia, las fake news en redes sociales, la débil privacidad de los usuarios o el abusivo uso de cookies, y centremos el foco en esos procesos aparentemente inocentes que obligan a los ciudadanos a relacionarse con las instituciones a través de empresas tecnológicas. Cuando sólo se puede votar a través de un artilugio que relaciona un voto y una identidad personal en una base de datos, enviar una comunicación a una administración pública a través de un correo electrónico facilitado por un servidor de una empresa, o el pago de impuestos online a través de un medio privado de pago, hay que tener clara la verdadera naturaleza de esa decisión.
Es normal escuchar a muchos responsables públicos manifestar en privado la debilidad de las instituciones frente a las grandes corporaciones tecnológicas, pero estos mismos no suelen ser conscientes del auténtico significado de impedir procesos como pagar en efectivo una tasa, meter un voto de papel en una urna o entregar en un registro público un escrito manuscrito. Resulta estomagante otorgarles la etiqueta de antiguos, mientras no se hable al mismo tiempo de ese correo electrónico que se sufraga con datos individuales que nutren un negocio privado, del voto a través de un botón que puede resultar inseguro, o esos pagos obligatorios a través de canales también condicionados por la seducción progresiva del sector bancario por unas pocas plataformas tecnológicas, o por acuerdos como ese reciente entre el primer buscador de internet y una gran empresa de tarjetas para compartir información de clientes. Es obvio que muchos inventos son interesantes e incluso necesarios, otros no tanto, pero todos comparten que normalmente son adoptados masivamente en decisiones tan acríticas como inerciales, inspirados en una limitada idea de “avanzada” eficiencia que distancia a los ciudadanos de sus poderes públicos. Y además con resignada actitud ante sus riesgos o costes sociales en términos de seguridad, de privacidad o del pacífico ejercicio democrático de la libertad personal, que se perciben como un problema ineludible de esta época. Es evidente que vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada, pero eso no supone aceptar que toda innovación siempre sea benéfica, forzosa, inevitable o excluyente. Pensando en esas empresas tecnológicas que condicionan el funcionamiento del Estado y gobiernan nuestras vidas, y los cada vez más reducidos espacios para los derechos individuales, no puedo dejar de pensar en eso que canta Rozalén, “no me quieras tanto, quiéreme más”…
Gonzalo Suárez
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