Con este titular publica, Javier González Gutiérrez, fiscal tutelado de la Fiscalía Provincial de Cáceres, en el CONFILEGAL un artículo en el que analiza, desde el punto de vista jurídico y constitucional, la aplicación del “estado de alarma” en nuestro país, así como las medidas anunciadas por el Gobierno en relación con la “aportación de datos” de los ciudadanos, por parte de los operadores de telefonía para una supuesta mejor gestión de la pandemia utilizando aplicaciones de geolocalización, a través de los smartphones. Sin ser expertos en temas legales o constitucionales, siempre hemos cuestionado estas acciones extremas, decididas y aplicadas unilateralmente, que a nuestro entender afectan a la libertad y a la privacidad de los ciudadanos, a los que sin embargo nos siguen mediatizando la veraz información.